La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral

La CGT presentó este viernes un amparo contra la Ley de Modernización Laboral que fue oficializada en el Boletín Oficial.

La presentación, que lleva la firma del triunvirato que dirige la central obrera, se hizo ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ya había anticipado días atrás su intención de presentarse ante la Justicia para rechazar la reforma, a la que tildó de “inconstitucional”.

“Es falso que la sanción de esta ley de Reforma Laboral persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales”, sentenció la cúpula sindical, tras remarcar que el continuo deterioro social es consecuencia “directa de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macro y micros políticas económicas nacionales”.

En el plano estrictamente jurídico, la entidad advirtió que la “mal llamada de modernización” avasalla el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y viola dos pilares fundamentales: el Principio de Progresividad, que impide retrocesos injustificados en derechos adquiridos, y el Principio Protectorio, diseñado para equilibrar la balanza entre empleador y empleado.

Para la CGT, retrotrayendo el marco legal “a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud” se afecta de lleno la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga y la libre agremiación, además de limitar el acceso a la justicia al traspasar el fuero nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Al desglosar los puntos más conflictivos de la normativa, la central enumeró una serie de perjuicios directos para los asalariados.

El documento denuncia que la reforma admite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”, además de eliminar sanciones a los empleadores que evaden aportes.

Asimismo, cuestionó con dureza la habilitación para abonar indemnizaciones en cuotas a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), advirtiendo que el esquema termina “costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares”.

El rechazo a la nueva legislación se enmarcó también en un crudo diagnóstico sobre los primeros dos años de la actual gestión nacional. La CGT alertó sobre la pérdida de “más de 300.000 empleos”, el cierre incesante de pymes y un alarmante endeudamiento familiar para la compra de alimentos.

Frente a este escenario, la dirigencia buscó despegarse de las responsabilidades estatales: “Conviene recordarlo, la CGT no gobierna ni gobernó, no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política en las presidenciales del 2023, no participó del armado de las listas legislativas, no conduce el Estado, ni las políticas económicas ni la macroeconomía, no diseñó la política fiscal ni la del Banco Central”.

Finalmente, la conducción sindical ratificó que mantendrá su plan de lucha para oponerse a lo que definió como un programa de “sálvese quien pueda” que conspira contra la paz social. En ese sentido, la central aseguró que resistirá esta reforma “regresiva y perniciosa” en las calles —recordando que ya concretaron 12 movilizaciones y 4 paros generales en dos años—, en las instancias institucionales y en la Justicia.