Entre la desigualdad y el clima: mujeres en la primera línea de las crisis globales

Fernanda Araujo Fernández, Mariana López-Cedeño Simbeck y Josie Cope Granados.

• El presente texto fue escrito en el marco del trabajo desarrollado por el Instituto Mexicano para la Justicia (IMJUS), desde un compromiso con la reflexión crítica, la justicia social y la construcción de propuestas que contribuyan a una sociedad más equitativa y sostenible.

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer nos convoca a revisar los avances alcanzados en materia de igualdad de género, pero también a reconocer las estructuras de desigualdad que continúan moldeando la vida de millones de mujeres en todo el mundo.

La feminización de la pobreza no es simplemente una mayor presencia de las mujeres en los sectores vulnerables, sino un fenómeno histórico y sistémico que restringe su acceso a la riqueza, a los recursos productivos y a los mecanismos de protección social. A escala global, las mujeres enfrentan mayores tasas de empleo informal, menores salarios y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, condiciones que limitan su autonomía y reducen su capacidad para enfrentar las crisis actuales.

En este escenario, el cambio climático amplifica desigualdades preexistentes: sus impactos —como sequías, inundaciones, desplazamientos forzados y pérdida de medios de subsistencia— afectan con mayor intensidad a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad, particularmente a las mujeres. Las desigualdades estructurales también condicionan la capacidad de las mujeres para responder a estas crisis: en muchos contextos, tienen menor acceso a recursos económicos, propiedad o redes de movilidad, lo que limita su posibilidad de abandonar zonas afectadas por desastres climáticos. Además, las responsabilidades de cuidado, que recaen desproporcionadamente sobre ellas, dificultan su desplazamiento en situaciones de emergencia. La migración climática desplaza anualmente a 21.5 millones de personas, y diversos estudios demuestran que las mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y trata durante estos desplazamientos.

Las crisis climáticas no sólo intensifican los riesgos ambientales, sino que también agravan desigualdades sanitarias y sociales que afectan de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres. El aumento de enfermedades transmitidas por vectores —como el dengue o la malaria—, junto con la creciente desigualdad alimentaria, impacta particularmente su salud reproductiva y materna, elevando los riesgos durante el embarazo y en contextos de emergencia humanitaria. Estas consecuencias son aún más severas en zonas marginales, donde las mujeres enfrentan carencias críticas en salud, educación, planificación familiar y acceso al sistema financiero. Desde que las niñas nacen, se invierte menos en ellas, tanto en su salud como en su educación, y esta falta de atención médica y de recursos ha llevado a que un alto porcentaje de mujeres fallezca en la primera infancia o durante la edad reproductiva (E. Duflo & A. Banerjee). Garantizar la autonomía reproductiva permite que las mujeres puedan estudiar y entrar al mercado laboral, lo que a su vez contribuye a romper círculos viciosos de pobreza. Además, la evidencia empírica muestra que el ingreso en manos de las mujeres tiene un impacto particularmente positivo en la salud, la nutrición y la educación de sus hijos, lo que justifica orientar políticas públicas específicamente hacia ellas.

Estas situaciones de vulnerabilidad son el resultado de un orden social que distribuye recursos de manera desigual, privilegiando a los hombres y relegando a las mujeres a posiciones estructuralmente precarias al priorizar el valor del trabajo productivo remunerado sobre el trabajo de reproducción y cuidados. Esta desigualdad estructural no solo limita el acceso de las mujeres a recursos, sino también su participación en los espacios donde se toman decisiones sobre la crisis climática.

Aunque las mujeres enfrentan de forma desproporcionada los impactos del cambio climático y desempeñan un papel central en la gestión y protección de los recursos naturales, siguen estando subrepresentadas en los espacios donde se diseñan las políticas ambientales y climáticas. A nivel global, los hombres ocupan cerca del 67% de los puestos de toma de decisiones en materia climática, mientras que la representación femenina en los espacios de negociación permanece por debajo del 30%, lo que limita la incorporación de perspectivas de género en el diseño y la implementación de políticas públicas (G. Carbó Zack).

La carga de trabajo no remunerado también se intensifica con la crisis climática, obligando a muchas mujeres a recorrer mayores distancias para obtener recursos básicos como agua, alimentos o combustible, lo que aumenta su exposición a la inseguridad alimentaria y a diversas formas de vulnerabilidad. El IPCC estima que, de mantenerse las tendencias actuales, hasta 183 millones de personas adicionales podrían enfrentar desnutrición hacia 2050, una crisis que afectará de manera especialmente severa a poblaciones ya vulnerables.

La seguridad alimentaria también depende mayoritariamente del trabajo de las mujeres, ya que producen entre el 50% y el 80% de los alimentos en países en desarrollo. Según datos de la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos y formación que los hombres, la producción agrícola total aumentaría hasta un 4%, lo que permitiría que entre 100 y 150 millones de personas salieran de la pobreza. Las mujeres son agentes clave de sostenibilidad, pues son más proclives a adoptar prácticas agrícolas que protegen la tierra y buscan alternativas hídricas ante la escasez. Sin embargo, esta contribución sigue siendo insuficientemente reconocida y financiada: a nivel global, solo una fracción mínima del financiamiento climático se dirige a organizaciones ambientales lideradas por mujeres, lo que limita el alcance de soluciones locales que podrían fortalecer la adaptación climática en comunidades vulnerables.

Frente a estas desigualdades estructurales, resulta indispensable fortalecer mecanismos de rendición de cuentas democrática que obliguen a los gobiernos a fomentar el diálogo público. Esto implica repensar el alcance de las instituciones responsables y las formas de deliberación colectiva para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. En este sentido, la lucha contra la desigualdad exige también principios de anti-marginalización y anti-androcentrismo que permitan desmantelar un sistema históricamente construido desde una visión masculina (N. Fraser).

Erradicar la feminización de la pobreza exige repensar la responsabilidad institucional, la deliberación pública sobre nuestros valores esenciales y el sentido mismo de nuestras prioridades colectivas. No se trata solo de un objetivo ético, sino de una estrategia económica fundamental: enfrentar la crisis climática requiere incorporar plenamente a las mujeres en el diseño de soluciones ambientales, reconociendo que la justicia climática y la igualdad de género son procesos inseparables. Solo a través de intervenciones específicas y un control real sobre la planificación familiar se podrán romper los círculos viciosos de pobreza y construir un futuro donde la sostenibilidad no se logre a costa de la desigualdad de género.