Derrumbe en San Antonio Abad: Alcaldía Cuauhtémoc acusa irregularidades de Gobierno CDMX en permisos de demolición

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega , responsabilizó al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por la autorización de la demolición de un edificio ubicado en San Antonio Abad, cuyo colapso el pasado 9 de marzo derivó en un accidente con víctimas fatales.

Según explicó, la alcaldía negó previamente el permiso para realizar los trabajos al considerar que no se cumplían con los requisitos mínimos de seguridad.

En un mensaje en sus redes, la edil afirmó que las facilidades administrativas que permitieron iniciar la demolición fueron otorgadas por dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y no por la alcaldía, como —aseguró— se ha señalado posteriormente.

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De acuerdo con la explicación de la alcaldesa, el origen del caso se remonta a la creación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México , organismo que depende del gobierno capitalino y que fue encabezado en su momento por el actual secretario de Gobierno, César Cravioto.

Esta comisión surgió tras el Sismo del 19 de septiembre de 2017 en México con el objetivo de atender edificios dañados y facilitar procesos de reconstrucción o demolición.

Según la cronología presentada por la alcaldesa:

• 14 de marzo de 2025: la Comisión de Reconstrucción aprobó un acuerdo que permitía a la Secretaría de Vivienda autorizar demoliciones sin contar con estudio ni programa de protección civil
• 26 de septiembre de 2025: la empresa responsable solicitó a la alcaldía el permiso correspondiente para realizar la demolición
• 30 de septiembre de 2025: la alcaldía Cuauhtémoc negó la autorización al considerar que no existían condiciones suficientes para garantizar la seguridad de los trabajos
• 20 de octubre de 2025: pese a la negativa, la empresa inició la demolición con el respaldo de la Secretaría de Vivienda del Gobierno capitalino

La edil aseguró que la autorización se dio mediante facilidades administrativas otorgadas por la Comisión para la Reconstrucción, lo que permitió continuar con el proceso aun cuando la alcaldía se había pronunciado en contra.

Durante su posicionamiento, Rojo de la Vega también cuestionó las declaraciones del secretario de Vivienda, Inti Muñoz, quien afirmó que el responsable de la obra debía presentar una carta en la que deslindara de responsabilidad al gobierno capitalino.

La alcaldesa sostuvo que ese documento no aparece en el expediente que fue entregado a la alcaldía, por lo que acusó que dicha afirmación es falsa

Además, señaló que el reglamento establece que, tras obtener la autorización, el promovente debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de 90 días naturales e informar por escrito cuando comiencen las labores. De acuerdo con su versión, ninguno de estos requisitos fue cumplido.

“Si esos plazos no se respetaban, el Gobierno de la Ciudad debía suspender la autorización y no ocurrió”, sostuvo.

Rojo de la Vega indicó que, tras el derrumbe, personal de la alcaldía acudió al lugar y se instaló una mesa técnica con autoridades del Gobierno de la Ciudad para colaborar en las investigaciones; no obstante, criticó que posteriormente se intentara deslindar responsabilidades de la administración central.

También señaló que no existe registro de denuncias vecinales ni solicitudes formales ante el sistema de atención ciudadana para realizar verificaciones en el inmueble.

Finalmente, afirmó que la alcaldía mantendrá su postura de actuar conforme a la ley y con prioridad en la seguridad de los habitantes, al tiempo que exigió que se esclarezca quién autorizó la demolición y bajo qué condiciones.

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