El Congreso de Jalisco , a través de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo, aprobó cambios a las pensiones estatales mediante la reforma al artículo 5 de su ley orgánica. La medida garantiza que el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva conflictos patronales, blindando los derechos de seguridad social.
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La reforma al artículo 5 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco entra en vigor para proteger preventivamente los intereses de afiliados y beneficiarios. El Tribunal de Justicia Administrativa asume la competencia inmediata para resolver cualquier controversia de seguridad social bajo el nuevo Código Nacional.
Esta modificación legislativa responde a la necesidad de armonizar el marco local con el nuevo modelo procesal nacional. Al tratarse de asuntos que inciden directamente en la estabilidad del sistema, la autoridad busca eliminar el limbo jurídico que ponía en riesgo la resolución de disputas legales.
La actualización normativa establece los siguientes ejes de control:
Los pensionados acceden a una tutela judicial efectiva que previene la vulnerabilidad ante lagunas legales. El uso de herramientas tecnológicas acelera la resolución de conflictos que anteriormente quedaban estancados en la transición normativa.
El decreto también impacta el artículo 109 de la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco y sus Municipios . La reforma alinea la jerarquía normativa estatal con los principios de uniformidad procesal vigentes en el país este 2026.
La normativa de inconformidad se aplicará bajo este orden de prelación:
La Comisión de Competitividad asegura que estos ajustes garantizan la continuidad operativa del sistema de justicia administrativo.
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