Una migrante hondureña, que ingresó a Estados Unidos con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), pasó 22 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Este año, consiguió demostrar su inocencia y fue exonerada en Texas. Al obtener la libertad, pasó varias horas bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y ahora espera no volver a ser detenida por las autoridades.

Pasó 22 años presa por un crimen que no cometió y ahora teme que la detenga el ICE

En su primer día fuera de la cárcel, Carmen Mejía pudo reencontrarse con sus hijas y otros miembros de su familia. Había estado en prisión por un crimen ocurrido en 2003, cuando un accidente cambió el rumbo de su vida para siempre. El 9 de marzo de 2026, el juez P. David Wahlberg desestimó los cargos de asesinato tras un fallo de la Corte de Apelaciones Penales de Texas que la declaró “realmente inocente”.

Aunque fue exonerada en aquella fecha, no la liberaron inmediatamente debido a una retención de inmigración. Finalmente salió del Complejo Correccional del Condado de Travis el 11 de marzo. En una entrevista con N+, la abogada Vanessa Potkin indicó que existía preocupación por una posible deportación, pero por el momento no será expulsada.

Según las declaraciones de su abogada, no recibirá una orden de deportación mientras su TPS continúe vigente, por lo que no está claro qué sucederá con el documento migratorio de la migrante hondureña.

Al recuperar su libertad, Mejía aseguró que dedicará su tiempo a ayudar a otras personas que enfrentan situaciones difíciles, especialmente a quienes atraviesan procesos judiciales injustos.

“En estos momentos me he sentido como que volví a la vida nueva, a una vida increíble, pero al mismo momento me siento triste porque es un mundo nuevo para mí después de 22 años“, expresó Mejía en la entrevista.

El caso de Carmen Mejía: de qué la acusaron y por qué fue presa en Texas

En la mañana del 28 de julio, mientras Mejía amamantaba a su hijo menor, su hija mayor intentó bañar a un bebé de 10 meses que estaba a su cargo, ya que trabajaba como niñera.

El calentador de agua de la casa de alquiler carecía de tecnología de seguridad, lo que permitió que el agua alcanzara rápidamente los 147,8 grados Fahrenheit (64°C). El bebé sufrió quemaduras de tercer grado en segundos y falleció más tarde ese día por complicaciones, según relató Innocence Project.

En el juicio original no se llamó a expertos en quemaduras. En su lugar, el estado utilizó testimonios que afirmaban incorrectamente que las lesiones solo podían haber sido causadas de forma intencional.

Pese a que se realizaron entrevistas forenses en video a los hijos de Carmen que respaldaban su versión del accidente, estas grabaciones desaparecieron de la custodia policial antes del juicio. Mejía no tenía antecedentes penales, sin embargo, fue sentenciada a cadena perpetua, perdió sus derechos parentales y no volvió a ver a sus cuatro hijos en las siguientes dos décadas.

El apoyo llegó de manera inesperada para la migrante cuando el alguacil de la corte, Art Guerrero, contactó al Innocence Project y a la fiscalía para pedir una reevaluación del caso.

Tras la presentación de diferentes testimonios de profesionales que apoyaron la inocencia de la acusada, la médica forense original, Elizabeth Peacock, cambió su determinación de “homicidio” a “accidente” en 2025 y afirmó que era “lo correcto” al ver la nueva información.

La odisea de la hondureña que pasó 22 años en la cárcel y fue retenida por el ICE

El fallo definió la inocencia de Mejía al redefinir el caso como un accidente, pero los problemas no terminaron allí. En medio de la ofensiva impulsada por el presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, la migrante hondureña enfrentó una retención migratoria.

Durante la audiencia de exoneración, el juez Wahlberg instó a las autoridades federales a considerar que Mejía no era un riesgo de fuga.

En la audiencia, Potkin señaló que el ICE tenía un plazo de 48 horas para decidir si la transfería a un centro de detención migratoria o la liberaba. En sus declaraciones, calificó una posible transferencia como “la máxima injusticia”.

Finalmente, el 10 de marzo, la agencia de inmigración anunció el levantamiento de la orden de detención en vista de su exoneración.