Los gremios universitarios confirmaron el primer paro nacional del año, que se extenderá por cinco días consecutivos, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo. La medida impactará en las universidades nacionales de todo el país y dejará sin clases a miles de estudiantes durante toda la semana.
La protesta fue impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD‑UBA), la Conadu Histórica y la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y de una urgente recomposición salarial.
En las últimas horas, el Congreso de la CONADU profundizó el conflicto universitario al resolver la implementación de paros progresivos durante todo el semestre, ratificando la medida de fuerza de la semana del 16 de marzo y anunciando nuevas semanas completas de paro.
El paro se realizará del lunes 16 al viernes 20 de marzo, abarcando cinco días consecutivos sin clases en todas las universidades nacionales. La medida es convocada a nivel nacional por las principales federaciones de docentes universitarios:
Debido a estas adhesiones, además del dictado de clases, también estarán afectados los servicios de los hospitales universitarios, que funcionarán únicamente con guardias mínimas.
Desde la CONADU se informó que el Congreso del gremio, realizado el jueves 12 de marzo, resolvió ratificar el paro de la semana del 16 de marzo y avanzar con paros de semana completa a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril, en el marco de un plan de lucha progresivo para todo el semestre.
Además, se facultó al Plenario de Secretarios y Secretarias Generales a convocar nuevas medidas de fuerza de manera inmediata si comienza el tratamiento en comisiones de una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por el Gobierno nacional.
De cara al mes de abril, las organizaciones sindicales también acordaron de manera unánime la realización de una marcha federal universitaria, con fecha propuesta para el 23 de abril, a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. La iniciativa busca retomar el contacto entre docentes y estudiantes y expresar masivamente en las calles la defensa de la universidad pública.
Los gremios universitarios sostienen que la medida de fuerza responde a dos reclamos principales. Por un lado, exigen el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que obliga al Gobierno nacional a convocar a paritarias salariales con actualizaciones basadas en el índice de inflación del Indec y a garantizar la recuperación del salario perdido entre 2024 y 2025, una pérdida que, según los sindicatos, alcanza el 51% a noviembre del año pasado.
Desde la CONADU remarcaron que cada dos meses de incumplimiento de la ley equivale a la pérdida de un salario completo y exigieron tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial una resolución urgente del conflicto. En ese marco, exhortaron a legisladores de todos los bloques del Congreso a rechazar cualquier intento de modificar una ley que, aseguran, fue apoyada y ratificada por una amplia mayoría plural y federal.
Las organizaciones también rechazan el nuevo proyecto de financiamiento enviado por el Ejecutivo al Congreso, ya que solo reconoce la pérdida salarial de 2025, omite la correspondiente a 2024 y no garantiza mecanismos de actualización que acompañen la inflación.
El segundo reclamo central es la recomposición salarial del 51%, porcentaje que los sindicatos consideran indispensable para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada. Además, cuestionan la propuesta oficial que plantea un aumento del 12% en tres cuotas hasta octubre de 2026, al considerarla insuficiente.
Desde la AGD‑UBA remarcaron que “no volverán a las aulas hasta que se pague el 51% adeudado y se cumpla la ley vigente”.


