El grupo legal pro-Donald Trump, America First Legal (AFL), se ha apoderado de la oficina del Registrador del Condado de Maricopa, y es ilegal, escribió el periodista de Arizona Brahm Resnik, citando un nuevo caso judicial.
El Registrador del Condado Justin Heap contrató a America First Legal para asesorarlos en una demanda, según muestran los documentos judiciales. La Fiscal del Condado Rachel Mitchell demandó por el asunto y reveló una serie de detalles preocupantes en el proceso.
Mitchell solicitó una orden de restricción temporal e interdicto en el Tribunal Superior del Estado de Arizona en y para el Condado de Maricopa, pero el tribunal dictaminó que ella carecía de legitimación procesal.
Sin embargo, un nuevo escrito alega que "AFL ha abusado de ese fallo limitado y lo ha utilizado como plataforma de lanzamiento para un apoderamiento de poder sin precedentes. En las últimas tres semanas y media, AFL, una organización sin fines de lucro partidista financiada por donantes privados, y el Registrador han: 1. Proclamado que AFL actuará como asesor legal del Registrador en 'todos' los asuntos 'que cubran la administración del voto anticipado o cualquier estatuto electoral que contenga la frase "registrador u otro funcionario a cargo de las elecciones"', basándose en un conflicto de interés global autodeclarado con el Fiscal del Condado.'"
La demanda también afirma que AFL ha "instruido al personal electoral del Condado a ignorar el asesoramiento legal de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa (MCAO) sobre las instrucciones a los votantes en los lugares de votación."
Supuestamente, AFL le dijo al personal que no podían buscar ningún asesoramiento legal del fiscal del condado e intentó impedir que el fiscal del condado asistiera a una sesión ejecutiva de la Junta de Supervisores sobre las elecciones, según indica la demanda.
AFL luego "amenazó con presentar cargos criminales contra la Junta por establecer buzones de entrega — lo que obligó a la Fiscal General Kris Mayes a escribir una carta a AFL advirtiéndole que no hiciera 'amenazas infundadas de responsabilidad penal'." Luego, el grupo legal pro-Trump supuestamente envió una carta a la Junta amenazando con demandarlos bajo un estatuto penal y exigiendo registros públicos.
El escrito de Mitchell deja claro que AFL nunca fue contratada para proporcionar asesoramiento legal "interno" para la oficina del Registrador.
El escrito continúa alegando que AFL "actuar como fiscales adjuntos del condado de facto es ultra vires e ilegal. El Registrador carece de cualquier autoridad estatutaria explícita o implícita para contratar asesoramiento legal externo — y mucho menos a una organización partidista — para actuar como asesor legal interno en 'todos' los asuntos bajo su 'ámbito de competencia'."
El escrito cargado solo contiene extractos del documento completo y no cita ningún detalle específico sobre fechas de audiencias o detalles sobre el estado actual del caso.


