El Proyecto de Ley de Libertad Educativa (PLL) propuesto por el gobierno nacional en Argentina, busca darle un giro copernicano al formato del sistema educativo y promete trasladar el centro decisorio de la “burocracia estatal a las escuelas, directivos, docentes y familias”. Sin embargo, al proponer desmantelar definitivamente el modelo actual y reemplazarlo por un estado subsidiario, ignora (¿ignora?) que un modelo similar de competencia, comenzado en Chile en 1980 y coronado en 1990 con la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE) (1990-2009), trajo a ese país trasandino las graves consecuencias sistémicas que debieron remediar años después y todavía hoy son un desafío. Tras 16 años en 2006 y a partir de las demandas masivas de estudiantes, docentes y la comunidad, Chile comienza un proceso para introducir cambios profundos en esa ley, y así revertir los “efectos no deseados” (¿no deseados?) que ocasionó la ley original. Ese proceso termina en 2019 con el reemplazo de la LOCE y la aprobación de una nueva ley denominda “Ley de inclusión”.
Por lo tanto no es novedad la base filosófica e ideológiica que trae este proyecto. Algunos adjudican el actual deterioro a décadas de un “esquema centralizado y jerárquico”. Sin dudas esa crítica es muy válida, aunque así fue más o menos nuestros sistema educativo y el de la gran mayoría de los países desde su nacimiento en el sXIX, en nuestro caso de la mano de figuras como Sarmiento, Avellaneda, Roca y tantos otros. Aquellos “liberales”, aún creyendo en el mercado sostenían la conformación de potentes Estados que ofertaran y se hicieran cargo de la gestión de la mejor Educación para la formación de sus ciudadanos. Hoy nos encontramos a contramano de esa tradición “liberale” y pareciera que los actuales dogmáticamente creen que el modelo de mercado resuelve también el acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica. Lo cierto es que la solución propuesta por el PLL, basada en el interjuego de la autonomía institucional, la competencia de mercado y los vales educativos (vouchers), no es sólo una “extravagancia” o “ideologismo” sino un camino ya transitado que, según la evidencia empírica chilena, puede producir una mejora agregada pero a expensas de una profunda desigualdad estructural.
Algunos dirán pero hoy ya se evidencia un “modelo privatizador” en Educación. Sí, es cierto que el sistema educativo argentino viene “privatizándose” desde la Ley Federal de Educación (LFE) y la actual Ley de Educación Nacional (LEN) -y mucho antes desde la década de los 60 cuando se planteó la histórica discusión “LIbre o Laica-. Sin embargo, nunca antes hubo un planteo tan claro en la transformación de las bases filósoficas: lo primero que hay que aceptar es que el corazón del PLL es el cambio económico y no la estructura y alcance del sistema. La propuesta que trae de derogación del piso de financiamiento del 6% del PBI en el gasto educativo y la redefinición del financiamiento a través de vales educativos (vouchers) como subsidio a la demanda (la familia) demuestran que el cambio propuesto es de sustancia y no de grado.
El caso chileno se presenta entonces como el “espejo que adelanta el futuro”, como en el “aleph borgiano”, mostrando lo que ocurre cuando el dinero público “sigue al estudiante” en un marco de competencia de mercado.
¿Qué aprendizajes podemos sacar de esa experiencia de nuestros vecinos? En Chile La implementación del subsidio a la demanda bajo la LOCE condujo a una migración masiva de estudiantes del sector municipal (estatal) al privado subvencionado. Este proceso culminó en 2007, año en que el sector privado subvencionado superó al municipal en número de estudiantes, consolidándose como el sector dominante con el 49,34% de la matrícula en 2009. Como consecuencia directa de esta migración masiva se debilitó la infraestructura de la provisión estatal (escuelas municipales). La pérdida de matrícula se traducía en pérdida de recursos, dificultando la mejora de la gestión y acelerando la fuga de familias. Un “círculo vicioso” de desmejora de lo público. El PLL en Argentina corre el mismo riesgo: la pérdida de alumnos y recursos en el sistema estatal a favor de instituciones privadas percibidas como mejores por “los clientes”, consolidaría la ya alta migración existente y no su reversión.
Más elementos para poner sobre la mesa: incentivar la competencia mediante la publicación obligatoria y desagregada de los resultados de evaluación por institución sumado al financiamiento por vouchers, convierte el rendimiento de la escuela en un factor de supervivencia.
La experiencia de la LOCE, con el establecimiento del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) demostró que este modelo institucionaliza la segregación y estratifica el sistema escolar en clases. Un trabajo de la OCDE de 2004 dictaminó que el sistema educativo chileno estaba “conscientemente estructurado por clases”. La libertad de elección, combinada con la autonomía para la selección de alumnos, permitió que las familias con mayores recursos buscaran activamente establecimientos con perfiles socioeconómicos más altos.
El legado de la LOCE se reflejó en un alto índice de Duncan, una medida sociológica y geográfica popularizada por Otis y Berverly Duncan que cuantifica la segregación espacial de un grupo socioeconómico o demográfico dentro de un área, indicando el porcentaje de ese grupo que necesitaría cambiar de ubicación para lograr una distribución uniforme con el resto de la población. Un valor de 0 indica perfecta integración (distribución equitativa), mientras que un valor cercano a 1 indica segregación máxima. Pues bien al momento de introducir los primeros cambios, la educación chilena mostraba un promedio del 0,4 en ese índice habiendo tenido años del 0,52. Un ídice que demostraba aquello que afirmaba la OCDE en 2004. El riesgo argentino es idéntico: la publicación de resultados y el sistema de vouchers podrían incentivar a las familias con más recursos a migrar, homogeneizando socialmente las escuelas y reforzando la estratificación.
El enfoque del PLL en la “excelencia educativa” y los resultados de aprendizaje de los alumnos como la base para la evaluación docente y escolar genera una peligrosa distorsión del concepto de calidad.
En Chile, la presión por la rendición de cuentas ligada al SIMCE obligó a las comunidades a elegir entre maximizar los puntajes estandarizados (crucial para la supervivencia financiera y la generación de prestigio) y fomentar dimensiones esenciales de formación.
La investigación empírica en Chile demostró que un aumento en la competencia entre escuelas generaba un efecto positivo en el rendimiento estandarizado, pero simultáneamente producía un efecto negativo en indicadores de calidad integral: el trade-off de la competencia. Un aumento de una desviación estándar en la competencia conllevó a la reducción del clima de convivencia escolar y la participación y formación ciudadana. Es cierto que para aquellos que proponen un modelo de sociedad individualista y poco empática esto en sí no es un problema. En todo caso habría que pensar en que sociedad nos proponemos vivir.
Así, la dinámica de la LOCE reificó el concepto de “calidad” al nivel del puntaje SIMCE, privilegiando un currículum estrecho a costa del desarrollo socioemocional y cívico. El PLL, al obligar a la evaluación censal y a vincular la estabilidad docente a resultados de aprendizaje, entre otros ejemplos, podría inducir a la misma tensión al sistema argentino.
La gran paradoja del sistema LOCE fue que, a pesar de la segregación interna, Chile logró el segundo mayor incremento en lectura en las pruebas PISA entre 2001y 2009. Sin embargo, este progreso se correlacionó con el aumento de la selección académica por parte de las escuelas. El rendimiento agregado mejoró optimizando la distribución de los estudiantes con mayor capital cultural (los inputs), no necesariamente por una mejora de los procesos pedagógicos.
En todo caso, y si a esta altura el lector sigue convencido que este es el camino, el cambio del “formato político” propuesto por el PLL debería evitar los “nudos críticos” que la LOCE dejó en Chile. El riesgo de pasar de un sistema jerárquico ineficaz a un “mercado escolar” que concentra el éxito y segrega es demasiado alto para aceptarlo sin debate. El PLL debe ser revisado para desmantelar la competencia de mercado y sus motores (vouchers, publicación de resultados, etc) si no quiere repetir la historia de la LOCE, donde la libertad de elección actuó como un potente motor de clasificación y homogenización social.
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