Fuerte cruce en el Consejo de Seguridad por Venezuela: condenas a la acción de EEUU y pedidos de transición política

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este lunes una reunión de emergencia para analizar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado fuera del país. El encuentro dejó al descubierto una fuerte división entre los Estados miembros, con duras condenas a la acción militar por violar la Carta de la ONU y, en paralelo, llamados a impulsar una transición política en Caracas.

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Desde América Latina, México advirtió que la agresión estadounidense pone en “grave riesgo” la estabilidad regional. Su embajador, Héctor Vasconcelos, sostuvo que el ataque del 3 de enero constituyó una “clara violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas” y alertó que se quebró un “frágil equilibrio” que sostiene a América Latina y el Caribe como zona de paz.

En la misma línea, Brasil calificó la intervención como un “precedente extremadamente peligroso”. El representante permanente, Sérgio Danese, rechazó cualquier intento de “construcción de protectorados” y remarcó que la salida a la crisis venezolana debe respetar “la autodeterminación del pueblo”.

Cuba, por su parte, fue aún más contundente. Su embajador Ernesto Soberón describió la operación de Estados Unidos como un acto “inaceptable y bárbaro”, denunció un “irrespeto absoluto” al derecho internacional y acusó a Washington de buscar imponer un “Gobierno títere” para garantizar el acceso a los recursos naturales venezolanos.

Desde Europa, España alertó que la intervención estadounidense sienta un “precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional”. El embajador Héctor Gómez Hernández subrayó además que los recursos naturales de Venezuela forman parte de su soberanía y no pueden ser objeto de intervención externa.

Francia combinó la crítica a la operación militar con un cuestionamiento al gobierno de Maduro. Su representante adjunto, Jay Dharmadhikari, afirmó que la captura del mandatario venezolano fue “contraria al no recurso de la fuerza” y “afecta negativamente a la paz y seguridad internacional”. A la vez, señaló que Venezuela atraviesa desde hace años una crisis política profunda, con procesos electorales “sin transparencia”, y reclamó una transición “pacífica y democrática” que devuelva la soberanía al pueblo venezolano.

Una de las posiciones más alineadas con Washington fue la de Panamá, que pidió una “interinidad limitada en el tiempo” para que asuma el poder el opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconoció como presidente electo. El embajador Eloy Alfaro afirmó que cualquier gobierno encabezado por figuras del actual oficialismo, como Delcy Rodríguez, implicaría una continuidad del sistema. También exigió la liberación de los presos políticos y denunció la detención arbitraria de un ciudadano panameño en Venezuela.

La respuesta más dura llegó desde la propia Venezuela. El embajador Samuel Moncada denunció una “violación flagrante” de la Carta de la ONU, reclamó la liberación inmediata y el retorno de Maduro y acusó a Estados Unidos de llevar adelante un “ataque armado ilegítimo”, con bombardeos, víctimas civiles y destrucción de infraestructura. Advirtió que tolerar estos hechos equivale a “normalizar la sustitución del derecho por la fuerza” y sostuvo que el trasfondo de la agresión son los recursos estratégicos del país.

Antes de los países miembros dio su mensaje el secretario general de la ONU, António Guterres, a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo. Transmitió su “profunda preocupación” por la acción militar de EE.UU. en Venezuela y llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional, que “prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados”.

Además, manifestó su preocupación por la posible “intensificación de la inestabilidad interna” en Venezuela y por el impacto que la situación podría tener en la región, e instó a todos los actores venezolanos a participar en un “diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo”.

Con información de EFE