Educación, pobreza y la miopía de las políticas sexenales

Lo hemos dicho en otras ocasiones: no hay política social más poderosa para abatir la pobreza que la educación. No en el discurso, no en la propaganda, sino en la evidencia. La educación es el único mecanismo probado que permite romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y generar movilidad social. Todo lo demás, transferencias sin objetivos, programas sin evaluación, ocurrencias de corto plazo, apenas mitiga el presente y compromete el futuro.

Precisamente por eso, la educación exige políticas públicas de largo plazo. Políticas que no estén subordinadas a la visión ideológica del gobernante en turno ni a su cálculo político-partidista, sino a un plan serio de desarrollo nacional. Cuando una política educativa se diseña para ganar aplausos hoy, normalmente se pagan los costos mañana, y esos costos casi siempre los asumen los más pobres.

Un ejemplo contundente lo ofrece la investigación ganadora del primer lugar del Premio Banamex de Economía, galardón que cumple 73 años incentivando investigación económica de excelencia y soluciones para el desarrollo del país. El estudio titulado “Revirtiendo Progresa: escuela y trabajo tras el fin de un programa emblemático de combate a la pobreza” documenta con rigor académico lo que ocurre cuando se desmantela una política pública exitosa sin una alternativa equivalente.

Durante más de dos décadas, Pronasol, Progresa, Oportunidades y posteriormente Prospera demostraron impactos claros y acumulativos en educación, salud y reducción de la pobreza. Antes de su eliminación en 2019, Prospera apoyaba a cerca de siete millones de hogares de bajos ingresos, incrementando sus ingresos promedio en alrededor de 30% y, más importante aún, incentivando la permanencia escolar y el desarrollo de capital humano. No era un programa perfecto, pero sí uno evaluado, ajustado y respaldado por evidencia nacional e internacional.

El estudio premiado muestra que la sustitución de Prospera por las Becas Benito Juárez no fue neutra ni inocua. Al relajarse las condicionalidades y dejar de monitorear la asistencia escolar, cambió de manera sustancial la distribución geográfica de los apoyos. Las comunidades más pobres, aquellas que Prospera priorizaba, fueron las más afectadas. En los hogares más pobres, las transferencias se redujeron a menos de la mitad de lo que recibían anteriormente.

Las consecuencias son claras y preocupantes: menor inscripción escolar en las localidades con mayor pobreza, especialmente en nivel preparatoria. En estos territorios, las tasas de inscripción son entre 20 y 27% más bajas que en comunidades menos pobres. Para jóvenes de 15 a 17 años, la sustitución de Prospera por BBJ redujo la inscripción escolar en 12% y aumentó el empleo en 8%, principalmente en trabajos informales de la construcción.

El argumento de que “no aumentaron los ninis” es engañoso. Lo que ocurrió fue peor: jóvenes que debieron estar terminando la preparatoria abandonaron la escuela para incorporarse prematuramente a empleos informales. El propio estudio señala que la diferencia salarial entre quienes concluyen la preparatoria y quienes no lo hacen aparece después de los 35 años. Es decir, el daño no es inmediato, pero es profundo y duradero.

Estos hallazgos confirman algo que ya sabíamos y que hemos advertido reiteradamente: las políticas públicas no pueden diseñarse con lógica sexenal. La eliminación repentina o el retroceso de programas educativos bien estructurados puede borrar en pocos años avances que tomaron décadas en construirse. Los más vulnerables no tienen margen para proteger a sus hijos cuando el Estado decide cambiar de rumbo sin transición ni sustento técnico.

Si de verdad queremos combatir la pobreza, debemos entender que la educación no es una dádiva ni un eslogan. Es una inversión de largo plazo que exige continuidad, evaluación y ajustes basados en evidencia, no en prejuicios ideológicos. Gobernar no es borrar lo anterior por venir de otro partido; gobernar es mejorar lo que funciona y corregir lo que no.

La pregunta de fondo no es si un programa lleva el sello de un gobierno u otro. La pregunta es si genera desarrollo, si amplía oportunidades y si protege el futuro de quienes menos tienen. Mientras esa no sea la brújula, seguiremos atrapados en una política social que sacrifica el mañana por rentabilidad política inmediata. Y en educación, ese es un lujo que México no puede darse.