Tras el histórico anuncio en Asunción, el Parlamento Europeo envió el pacto al Tribunal de Justicia de la UE. Expertos advierten que el freno podría extenderse por un plazo prolongado, postergando un esquema que permitiría exportaciones récord para la Argentina.
La montaña rusa diplomática del acuerdo Unión Europea-Mercosur sumó un nuevo y complejo capítulo. Apenas días después de la firma del pacto en Paraguay —que contó con la participación del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno—, el Parlamento Europeo decidió este miércoles poner un “freno de mano” a la tramitación del acuerdo comercial.
Con una ajustada votación de 334 votos a favor y 324 en contra, la Eurocámara aprobó remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El objetivo es que los jueces determinen si el acuerdo es compatible con los tratados fundamentales de la UE. Esta decisión no anula el pacto, pero paraliza de forma efectiva cualquier avance legislativo en ambos continentes.
La Comisión Europea lamentó “profundamente” la decisión del Parlamento Europeo de solicitar una opinión al Tribunal. “Esta decisión se produce en un contexto en el que los productores y exportadores europeos necesitan con urgencia acceder a nuevos mercados, y en el que la Unión Europea debe avanzar en su agenda de diversificación y demostrar que sigue siendo un socio comercial fiable y previsible”, destacó en un comunicado de prensa.
Además, agregó que las tres cuestiones planteadas en la moción del Parlamento Europeo “no están justificadas” ya que “han sido abordados de manera exhaustiva con el propio Parlamento y no son nuevos, ya que han sido tratados en acuerdos anteriores”.
Para Horacio Augusto Pereira, investigador senior de la Universidad Austral, no estamos ante un final, sino ante una “demora prolongada”. Según el analista, el proceso de revisión de compatibilidad normativa ante el TJUE podría demandar “fácil de un año a un año y medio”.
Este revés tiene un impacto inmediato en la política doméstica argentina: aunque el Ejecutivo había incluido el tratamiento del acuerdo en el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, la definición legislativa local quedará ahora en suspenso a la espera de señales desde el Viejo Continente.
Este traspié suma tiempo a un proceso que ya resonaba incierto dado que, para su entrada en vigencia, el Tratado debe ser aprobado por los congresos de los países del Mercosur, pero antes debe ser refrendado por el Parlamento Europeo y los veintisiete países. Este proceso legislativo llevaría “por lo menos todo el presente año, señaló Carlos Canta Yoy, especialista en Derecho Internacional y asesor de Centro de Despachantes de Aduana (CDA).
“Teniendo en cuenta experiencias anteriores sobre el tema de la puesta en vigencia de los acuerdos preferenciales soy un tanto escéptico, especialmente porque no será fácil pasar el filtro de la oposición de algunos países europeos”, mencionó.
En este sentido, Pereira agrego que “en el mejor escenario” si la justicia avanza de forma favorable “los estados miembros de la Unión Europea volverán a abrir el debate y podrán revisar sus posiciones”.
Esto, en concreto, significa que “volverá el lobby de los sectores sensibles como el agro que buscará hacer presión para introducir ajuste o mayores garantías”
Si bien el gobierno de Javier Milei puede tratar y aprobar la ley a nivel nacional “mientras Europa lo tenga en revisión judicial no se puede aplicar realmente”, aclaró Pereira.
La demora no es solo una cuestión de plazos burocráticos, sino que tiene un impacto económico tangible en la estructura de incentivos de la agroindustria argentina. El eje central del acuerdo para el país es la eliminación y limitación de los Derechos de Exportación (DEX).
De acuerdo con un análisis técnico basado en modelos de equilibrio parcial, que elaboraron Fundación INAI y la Bolsa de Cereales, la entrada en vigor del acuerdo transformaría el horizonte productivo nacional hacia la campaña 2034/35:
En materia de producción se estima que la cosecha total de cereales y oleaginosas podría saltar de los 155 millones de toneladas (escenario base) a 173 millones de toneladas en un contexto de mayor tecnología y previsibilidad.
Esta mejora, refleja un incremento en el ingreso de divisas que podría pasar de los u$s 33.230 millones actuales a casi u$s 42.000 millones, gracias a la mejora en los precios relativos y la eliminación de trabas.
Por cultivo, el trigo podría sumar hasta 6,8 millones de toneladas adicionales, el maíz 20 millones y la soja 12,1 millones.

