Independientemente de los adjetivos, la creciente actividad del crimen organizado ha causado desde hace varios años el temor entre las comunidades, en diversas regiones del país, por lo que han tenido que modificar sus patrones de conducta cotidiana frente a las actividades violentas de grupos y facciones que actúan por encima de la ley. Tal es el caso de la comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en el extremo suroeste del estado de Michoacán, perteneciente al municipio de Aquila —colindante hacia el norte con la población de Coahuayana— uno de los 113 municipios que componen la entidad michoacana. Sus pobladores han denunciado de tiempo atrás —por lo menos desde hace cinco años— los hechos delictivos en que han incurrido los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operan en la región enclavada en la costa. No es la primera vez que ello ocurre. En los últimos dos años, dicha célula criminal ha convertido el uso de coches-bomba en su modus operandi, no sólo en ese estado, sino también del lado de Guanajuato. Por lo menos hay registro de otros cinco ataques de esa naturaleza. El del sábado pasado ha sido el más mortífero de los últimos atentados perpetrados por la organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho: seis personas fallecidas, entre ellas el conductor y el copiloto del vehículo y tres integrantes de la policía comunitaria, y 12 heridos. El fenómeno no es nuevo: desde 1994 se han documentado 20 ataques similares. Dicha práctica fue empleada primero por Los Zetas entre 2010 y 2012 y, tras ser utilizada dejó de registrarse durante más de una década. A partir del año pasado volvió a utilizarse, esta vez atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente en Guanajuato y Michoacán. La importancia de los operativos del área de Seguridad federal radica en que la zona de referencia es de vital importancia para el transporte de carga en esa región del país: por ahí pasa la Carretera Federal 200 que “enlaza” a los puertos de Manzanillo, Col., a donde llegan las sustancias precursoras de fentanilo, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, a donde llegan los cargamentos de cocaína. Es evidente, a decir de los expertos, que el CJNG busca “dispersar” a grupos criminales contrarios a fin de controlar dicho municipios, lo cual no ha logrado. Para los analistas financieros, el costo de la delincuencia en México durante 2025 ha sido multimillonario. El impacto de la inseguridad y la violencia en la productividad del país es del orden de 3.4 por ciento del PIB nacional. Ello significa que serían 4.5 billones de pesos, lo que provoca serias afectaciones en el comercio y la inversión y se traduce en pérdidas empresariales superiores a lo que se invierte en salud y educación. Cifras ofrecidas por los principales organismos del sector privado nacional hablan de una pérdida anual de los comercios y empresas que supera lo 26 mil millones de pesos, lo que se traduce en una pesada carga económica. Augusto Ramos, secretario general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y candidato a la presidencia de dicha organización, señala que la inseguridad es el principal reclamo que le han hecho sus agremiados en sus recorridos por las delegaciones del organismo en el país. Regiones como Puebla y Veracruz hoy enfrentan también muchos riesgos para el transporte de mercancías debido a la falta de estrategias en materia de seguridad. Lo que “se necesita —advierte— es blindaje, modernización y una voz gremial que deje de pedir permiso para existir… Estamos ante una oportunidad histórica para reconectar con las bases, institucionalizar la defensa del sector y enfrentar con visión estratégica los embates que vienen desde el crimen organizado, la burocracia y los tratados internacionales”, puntualizó. Y es que el sector representa a más de 250 mil firmas del transporte de carga, de las cuales 97% son micro y pequeñas empresas.   Columnista: Martín EspinosaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0Independientemente de los adjetivos, la creciente actividad del crimen organizado ha causado desde hace varios años el temor entre las comunidades, en diversas regiones del país, por lo que han tenido que modificar sus patrones de conducta cotidiana frente a las actividades violentas de grupos y facciones que actúan por encima de la ley. Tal es el caso de la comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en el extremo suroeste del estado de Michoacán, perteneciente al municipio de Aquila —colindante hacia el norte con la población de Coahuayana— uno de los 113 municipios que componen la entidad michoacana. Sus pobladores han denunciado de tiempo atrás —por lo menos desde hace cinco años— los hechos delictivos en que han incurrido los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operan en la región enclavada en la costa. No es la primera vez que ello ocurre. En los últimos dos años, dicha célula criminal ha convertido el uso de coches-bomba en su modus operandi, no sólo en ese estado, sino también del lado de Guanajuato. Por lo menos hay registro de otros cinco ataques de esa naturaleza. El del sábado pasado ha sido el más mortífero de los últimos atentados perpetrados por la organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho: seis personas fallecidas, entre ellas el conductor y el copiloto del vehículo y tres integrantes de la policía comunitaria, y 12 heridos. El fenómeno no es nuevo: desde 1994 se han documentado 20 ataques similares. Dicha práctica fue empleada primero por Los Zetas entre 2010 y 2012 y, tras ser utilizada dejó de registrarse durante más de una década. A partir del año pasado volvió a utilizarse, esta vez atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente en Guanajuato y Michoacán. La importancia de los operativos del área de Seguridad federal radica en que la zona de referencia es de vital importancia para el transporte de carga en esa región del país: por ahí pasa la Carretera Federal 200 que “enlaza” a los puertos de Manzanillo, Col., a donde llegan las sustancias precursoras de fentanilo, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, a donde llegan los cargamentos de cocaína. Es evidente, a decir de los expertos, que el CJNG busca “dispersar” a grupos criminales contrarios a fin de controlar dicho municipios, lo cual no ha logrado. Para los analistas financieros, el costo de la delincuencia en México durante 2025 ha sido multimillonario. El impacto de la inseguridad y la violencia en la productividad del país es del orden de 3.4 por ciento del PIB nacional. Ello significa que serían 4.5 billones de pesos, lo que provoca serias afectaciones en el comercio y la inversión y se traduce en pérdidas empresariales superiores a lo que se invierte en salud y educación. Cifras ofrecidas por los principales organismos del sector privado nacional hablan de una pérdida anual de los comercios y empresas que supera lo 26 mil millones de pesos, lo que se traduce en una pesada carga económica. Augusto Ramos, secretario general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y candidato a la presidencia de dicha organización, señala que la inseguridad es el principal reclamo que le han hecho sus agremiados en sus recorridos por las delegaciones del organismo en el país. Regiones como Puebla y Veracruz hoy enfrentan también muchos riesgos para el transporte de mercancías debido a la falta de estrategias en materia de seguridad. Lo que “se necesita —advierte— es blindaje, modernización y una voz gremial que deje de pedir permiso para existir… Estamos ante una oportunidad histórica para reconectar con las bases, institucionalizar la defensa del sector y enfrentar con visión estratégica los embates que vienen desde el crimen organizado, la burocracia y los tratados internacionales”, puntualizó. Y es que el sector representa a más de 250 mil firmas del transporte de carga, de las cuales 97% son micro y pequeñas empresas.   Columnista: Martín EspinosaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0