Bajo fuerte presión de los mercados y de la opinión pública, el gobierno laborista británico intentó disipar los temores sobre las finanzas públicas presentando en el Parlamento un presupuesto con alzas de impuestos y medidas en favor del poder adquisitivo.
“Mi elección es un presupuesto para una fiscalidad justa, unos servicios públicos sólidos y una economía estable”, declaró la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, encargada de presentar el plan gubernamental ante los diputados.
Para cumplir su promesa de financiar a largo plazo cada gasto (excepto inversión) con ingresos, la Ministra anunció aumentos de impuestos que sumarán 26,100 millones de libras al presupuesto anual de aquí al final de la legislatura (en el 2029) y 29,800 millones de libras el año siguiente, en el 2030/2031.
Reeves renunció a aumentar el Impuesto sobre la Renta, lo que habría supuesto romper con una importante promesa de campaña de los laboristas, optando por una maniobra más sutil, el congelamiento de los umbrales de este impuesto.
Esta medida, que puede calificarse como un impuesto encubierto, hace que paguen más quienes ven aumentar su salario y pasan a un tramo superior. La medida recaudaría 12,700 millones de libras en el 2030/2031.
También se anunciaron aumentos de impuestos sobre las propiedades más lujosas, los juegos de azar y las pensiones privadas.
Reeves no tenía otra opción que imponer estos gravámenes, atada de pies y manos por una economía que sigue débil desde el regreso al poder de los laboristas en julio del 2024.
El crecimiento se estancó (0.1% en el tercer trimestre), mientras que el déficit (alrededor de 5.0% del PIB el año pasado) y la deuda preocupan a los mercados.
En el nivel más bajo en las encuestas y superado por el partido de extrema derecha de Nigel Farage, Reform UK, el ejecutivo del primer ministro, Keir Starmer, se juega mucho con este anuncio.



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