Promover el ahorro formal y de largo plazo; facilitar el acceso al crédito; incrementar la adopción y frecuencia de pagos digitales y aumentar la oferta y contratación de seguros, son los cuatro objetivos estratégicos que se incluyen en la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030 presentada este miércoles por autoridades.
De acuerdo con el documento, el objetivo general es fortalecer el bienestar financiero de las personas y empresas en México, a través de fomentar el mayor acceso y uso de productos y servicios financieros formales, que satisfagan sus necesidades, bajo una regulación adecuada y esquemas de protección robustos.
Dicho objetivo general, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), orienta al mismo tiempo cuatro objetivos estratégicos alineados con el acceso y uso de productos de servicios financieros.
Pero a éstos, se suman dos objetivos transversales y dos habilitadores que funcionan como base para que la inclusión contribuya al bienestar financiero.
De esta manera, la PNIF se integra por 125 líneas de acción distribuidas en 26 estrategias que articulan los esfuerzos de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), para impulsar un sistema financiero más inclusivo, equitativo y orientado al bienestar de las personas y empresas.
El documento precisa que los cuatro objetivos estratégicos son: promover el ahorro formal y de largo plazo, así como el uso de los productos de captación como herramientas de administración de recursos; y facilitar el acceso al financiamiento formal, especialmente el productivo, en condiciones adecuadas para empresas y personas.
De igual forma, incrementar la adopción y frecuencia de uso de los medios de pago diferentes al efectivo e impulsar la oferta y contratación de seguros y productos y servicios especializados, alineados con las condiciones y necesidades de los diferentes segmentos del público usuario.
La PNIF 2025-2030 incluye también dos objetivos transversales. Uno de estos es impulsar la participación equitativa de las mujeres y el reconocimiento de las diversidades de género en el sistema financiero; y el otro favorecer la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad.
“Las personas en situación de vulnerabilidad incluyen a las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas; la población en contexto de movilidad y/o bajo protección internacional; las personas receptoras de remesas; aquellas con alguna discapacidad; las adultas mayores, y la intersección de estos sectores con la población beneficiaria de apoyos del gobierno”, puntualiza el documento.
Pero también contempla dos objetivos habilitadores: facilitar la expansión de la cobertura del sistema financiero y la accesibilidad de los canales de atención; y robustecer los esquemas de prevención de problemas con productos y servicios financieros y de protección, en general, para las y los usuarios del sistema financiero para fortalecer la confianza.


